Un tribunal tumba la tasa H-1B: los 100.000 $ son un impuesto

El razonamiento constitucional es sencillo y, por eso, convincente. La Constitución estadounidense atribuye al Congreso la potestad de establecer impuestos y tributos. En materia de inmigración, el presidente tiene amplias facultades para suspender o restringir la entrada de determinados grupos de extranjeros. Lo que no puede es exigir un pago a cambio de la entrada.

El Gobierno había alegado que el pago no era un impuesto, sino una condición de la restricción de entrada. El tribunal vio en ello un rodeo: quien exige un pago y a cambio concede un permiso está cobrando un tributo, lo llame como lo llame.

Esta decisión choca con una sentencia de un tribunal de Washington del 23 de diciembre de 2025 que había confirmado la tasa. Dos tribunales federales, dos resultados opuestos, la misma pregunta.

De momento, poco, y esa es la verdad incómoda para las empresas. El Gobierno ha recurrido y ha pedido que se suspendan los efectos. Hasta que resuelvan las instancias de apelación, la situación jurídica es incierta.

Y para planificar plantilla, la incertidumbre sale más cara que una norma clara y dura. Una empresa que presente ahora una petición no sabe si tendrá que pagar, si recuperará lo pagado o si más adelante tendrá que abonar la diferencia.

Si dos tribunales de apelación deciden en sentido distinto, la cuestión llega al Tribunal Supremo. Hasta entonces pasará un año, quizá más.

Hay que poner las dos noticias una al lado de la otra para ver la dirección. El 9 de junio de 2026, el Departamento de Estado aprobó una norma final provisional que crea una nueva tasa: 750 dólares por una cita acelerada para un visado B1/B2.

Quien paga esta tasa obtiene cita para la entrevista en determinados consulados y embajadas en un plazo de diez días hábiles. Es un servicio adicional y voluntario, paralelo al procedimiento ordinario. La norma entra en vigor el 1 de julio.

Para los españoles esto solo importa de forma indirecta, porque los viajes de visita y de negocios suelen hacerse con el Visa Waiver Program. Sí importa a quienes quedan fuera del programa: por viajes anteriores a ciertos países, por tener doble nacionalidad o porque les han denegado la autorización de viaje.

Y te importa por tus socios, empleados y clientes de países sin Visa Waiver. Si alguna vez has querido traer una delegación de India, Brasil o Turquía a una feria, conoces las esperas para conseguir cita. A partir de julio, eso tiene precio.

Pagar por tener prioridad en una cita con la administración es difícil de imaginar en Europa. En Estados Unidos es habitual desde hace años: existe la tramitación acelerada de pago en la oficina de inmigración, hay programas de control previo de pago en los aeropuertos y ahora también en las citas de visado.

Se puede criticar. Pero conviene ver lo que aporta: una alternativa previsible a un procedimiento cuyas esperas nadie controla. Para una empresa que necesita a un profesional en diez días, 750 dólares no son un obstáculo, sino una solución.

Es un patrón que se repite en este país: donde falta capacidad, aparece un precio. Quien viene de un sistema que reparte la escasez con listas de espera lo ve primero como algo indecente y después como algo práctico.

No basar la planificación de plantilla en el H-1B mientras la situación jurídica siga en el aire. Si tienes que cubrir un puesto en los próximos doce meses, necesitas una segunda vía.

Documentar lo pagado. Si la tasa cae definitivamente, surgirá la cuestión de las devoluciones. Quien haya documentado bien cuándo pagó qué y con qué reserva estará en mejor posición.

Y estudiar las alternativas que esta disputa ni roza. El L-1, para trasladar personal a tu propia filial, no tiene lotería ni tasa especial. El E-2 para inversores de países con tratado, tampoco. Encontrarás ambos en Visado L-1 y Visado de inversor E-2, y la comparativa en L-1 frente a E-2.

Porque traza el mismo límite que el Tribunal Supremo trazó en febrero con los aranceles. Entonces se trataba de una ley de emergencia que no ampara aranceles. Ahora, de una facultad migratoria que no ampara tributos.

En ambos casos el mensaje es el mismo: hay instrumentos para todo, pero deben seguir el cauce previsto. Quien quiera recaudar necesita una ley o una habilitación legal con su procedimiento.

Para las empresas europeas, esta es la verdadera buena noticia del año. No que caiga una tasa concreta, sino que existen límites y que los tribunales los hacen cumplir, también frente al presidente en ejercicio y también en asuntos que le importan.

Quien lleva su patrimonio y su empresa a otro país debería fijarse justo en eso. No en la política del día, sino en si hay límites que funcionan.

Piensa en un puesto de desarrollador con un salario anual de 120.000 dólares. Sin la tasa especial, la vía H-1B cuesta en tasas y abogado una cantidad baja de cinco cifras, repartida en varios meses. Con la tasa especial, el coste del primer año se duplica o se triplica.

Traer a la misma persona mediante un traslado desde una matriz europea cuesta abogado y estructura, pero sin tasa especial, sin lotería y sin esperar a un año de cupo.

Por eso, en los últimos meses, muchas medianas empresas han visto cómo la pregunta se respondía sola. No porque el L-1 sea mejor, sino porque es el único procedimiento cuyo coste se conoce de antemano.

Eso sí, requiere que exista una matriz europea, que la persona haya trabajado en ella al menos un año en un puesto directivo o con conocimientos especializados y que pueda acreditarse el vínculo entre las sociedades. Si hay que montarlo desde cero, hace falta margen de tiempo.

Una filial estadounidense no es solo una herramienta migratoria. Es una estructura fiscal con consecuencias en ambas direcciones: precios de transferencia, cuestiones de establecimiento permanente, retenciones sobre dividendos y cánones, obligaciones de documentación en tu país de origen.

Quien crea una filial solo para trasladar a alguien ha subestimado el esfuerzo. Quien la necesita de todos modos porque el negocio lo pide, se lleva la vía del traslado de regalo.

Ese es el orden en que conviene pensarlo: primero el negocio, después la estructura, luego las personas. Para empezar, consulta Constitución y gestión de sociedades en EE. UU. y Consideraciones fiscales para entrar en el mercado.

Nueve meses de cambios normativos caben en una frase: quien se fía de actos administrativos construye sobre arena. Quien se fía de leyes construye sobre roca.

Un tribunal tumbó la proclamación de septiembre. El Tribunal Supremo tumbó los aranceles basados en la ley de emergencia. Ambos eran instrumentos rápidos y, precisamente por eso, ninguno resistió.

Lo que ha resistido y sigue resistiendo son las vías que se apoyan en leyes y tratados internacionales. El E-2 se basa en tratados de comercio y amistad con Estados Unidos, como el que tiene España. El L-1 está en la ley de inmigración. El EB-1, también.

Estas vías no son las más rápidas ni las más baratas. Son las únicas en las que sabes qué regirá dentro de tres años.

Y si este año tienes que tomar una decisión: pregunta en cada vía cuál es su base jurídica. Si la respuesta es una proclamación o una orden, prevé un plan B. Si es una ley o un tratado, puedes apoyarte en ella.

Si buscas por tu cuenta un trabajo en Estados Unidos y dependerías de un H-1B, este verano sé realista: el camino no está cerrado, pero se ha vuelto estrecho y caro, y las empresas estadounidenses se lo piensan dos veces antes de recorrerlo.

Lo que funciona son las vías en las que el solicitante eres tú. Si traes o creas tu propia empresa, no dependes de que otro presente una petición por ti y la pague.

Para muchos profesionales europeos, ese es precisamente el cambio de perspectiva de este año: no venir como empleado, sino como empresario, con clientes en lugar de jefe.

Lo que de verdad ha cambiado esta primavera para los empresarios europeos no es el importe de una tasa. Es darse cuenta de que la vía de un empleo en EE. UU. se ha vuelto imprevisible y la de la empresa propia, no.

Quien crea una sociedad, invierte y traslada personal se mueve sobre una base legal que lleva décadas en pie y que ninguna proclamación toca. Siempre fue una ventaja. Este año se ha vuelto decisiva.

Un recurso de apelación, quizá dos, y probablemente al final el Tribunal Supremo. En paralelo, la posibilidad de que el Gobierno persiga el mismo objetivo por otra vía: un reglamento ordinario con periodo de comentarios.

Esa segunda vía sería jurídicamente mucho más sólida, y es el desenlace más probable. Una tasa aprobada mediante procedimiento reglamentario tiene muchas más opciones ante un tribunal que una proclamación.

Así que, si esperas que esta carga desaparezca para siempre, no conviertas esa esperanza en la base de tu planificación. La dirección está marcada; lo único que cambia es el instrumento.

Si quieres planificar la plantilla de tu empresa americana sobre una base sólida, habla con Mount Bonnell Advisors en Austin, Texas. El marco general lo encontrarás en nuestra guía Visado y green card para EE. UU.; la parte operativa, en Desplazamiento de empleados y Nóminas y payroll.

Actualización: cómo sigue la historia lo cuentan en Un año más: el presidente prorroga el bloqueo de la H-1B mientras un tribunal frena los 100.000 dólares.

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