Riesgo de corrupción para pequeñas empresas: la FCPA, las normas antisoborno de EE. UU. y lo que cambió en 2025 y 2026

Las leyes antisoborno suenan a asunto de petroleras gigantes y contratistas de defensa. No lo son. En cuanto constituyes una empresa en Estados Unidos, esa empresa es un domestic concern (una empresa nacional estadounidense) a efectos de la Foreign Corrupt Practices Act, viva su dueño en Lyon, Milán o Malmö. Si vende a un hospital público en Asia, trabaja con un agente comercial en el Golfo o necesita un despacho de aduanas con prisas, la FCPA le aplica. Las prioridades de persecución dieron un giro brusco en 2025. La ley no cambió.

Por qué una pequeña empresa estadounidense está sujeta

La FCPA tiene tres puertas, y cualquier negocio con vínculo con EE. UU. cruza al menos una de ellas.

La definición de domestic concern incluye sociedades, partnerships, asociaciones, business trusts y otras organizaciones sin personalidad jurídica constituidas conforme a las leyes de un estado. Una empresa de Texas o Delaware que constituyas para tu negocio en EE. UU. entra en este grupo; la nacionalidad de sus socios da igual. Lo mismo vale para sus directivos, consejeros, empleados y agentes, y para los accionistas que actúen en su nombre.

Para una matriz europea la consecuencia es directa: lo que tu filial estadounidense haga en el extranjero se juzga según la ley de EE. UU., y lo que tu personal europeo haga durante una visita a EE. UU. también puede juzgarse así. Si todavía estás eligiendo estructura, nuestra página sobre sucursal o filial en EE. UU. te explica las opciones.

Qué prohíbe la FCPA

La prohibición de soborno se compone de cinco elementos. Para que haya infracción tienen que darse todos:

1. Una oferta, pago, promesa o autorización de dinero o de cualquier cosa de valor. Regalos, viajes, un empleo para un familiar o una donación pueden ser cosas de valor.
2. Hecha de forma corrupta, con la intención de influir en quien la recibe.
3. A un funcionario extranjero, a un partido político extranjero o a un cargo de ese partido, o a un candidato a un cargo público extranjero, o a cualquier otra persona sabiendo que todo o parte llegará a uno de ellos. Funcionario extranjero incluye a cualquier cargo o empleado de un gobierno extranjero o de uno de sus organismos o entes instrumentales, y así es como los empleados de empresas públicas entran en juego.
4. Con una finalidad oficial: influir en un acto o decisión oficial, inducir al incumplimiento de un deber, conseguir una ventaja indebida o lograr que el funcionario use su influencia ante el gobierno.
5. Para obtener o conservar negocio para alguien o con alguien, o para dirigir negocio hacia alguien.

El punto 3 es donde caen las empresas pequeñas. La mayoría no entrega dinero en mano a un funcionario; paga a un agente, un consultor o un distribuidor que lo hace. La ley considera que una persona sabe algo cuando es consciente de una alta probabilidad de que exista esa circunstancia, salvo que crea de verdad que no existe. Mirar deliberadamente hacia otro lado no sirve, por tanto, como defensa. Si vendes a través de intermediarios, lee nuestra guía sobre canales de venta en EE. UU.: agentes, distribuidores y filiales con esto en mente, porque las mismas preguntas se aplican cuando tu empresa estadounidense nombra agentes en el extranjero.

La excepción de facilitación, las dos defensas y en qué se diferencia Europa

La FCPA no se aplica a un pago de facilitación o agilización hecho para conseguir una actuación administrativa rutinaria. La ley lo define de forma estricta: actuaciones que un funcionario realiza de forma ordinaria y habitual, como expedir permisos o licencias para operar, tramitar visados y órdenes de trabajo, prestar protección policial o servicio de correo, programar inspecciones, suministrar luz y agua, o cargar y descargar mercancía. Excluye de forma expresa cualquier decisión sobre si adjudicar un negocio nuevo o mantener uno existente, o en qué condiciones.

Existen dos defensas. Un pago queda amparado si era legal según las leyes y reglamentos escritos del país del funcionario. Y un gasto razonable y de buena fe, como viaje y alojamiento, también queda amparado si está directamente relacionado con promocionar, demostrar o explicar productos o servicios, o con ejecutar un contrato con un gobierno extranjero.

Aquí el dueño europeo tiene que ir con cuidado, porque las normas de casa son más estrictas. La UK Bribery Act 2010 no exime los pagos de facilitación; la guía conjunta de la Serious Fraud Office y el Director of Public Prosecutions dice que ya eran ilegales antes de la ley y lo siguen siendo. La sección 7 de esa ley hace responsable a una organización comercial por no impedir los sobornos de personas vinculadas a ella, salvo que demuestre que tenía procedimientos adecuados, y alcanza a empresas constituidas en otros países que hacen negocios en el Reino Unido. Si tu grupo tiene una sociedad en el Reino Unido o hace negocios allí, un pago de facilitación permitido en Texas puede seguir siendo delito en Londres. A nuestros clientes les recomendamos una sola política para todo el grupo, redactada conforme a la ley más estricta que les aplique, lo que normalmente significa ningún pago de facilitación.

Las sanciones

Las cifras de la propia FCPA parecen modestas. La exposición total no lo es.

• Empresas: una multa penal de hasta 2.000.000 $ por cada infracción de las disposiciones antisoborno, más una sanción civil de hasta 10.000 $.
• Personas físicas: los directivos, consejeros, empleados, agentes y accionistas que actúan por la empresa y vulneran las normas de forma deliberada se exponen a una multa de hasta 100.000 $, hasta cinco años de prisión o ambas, más una sanción civil de hasta 10.000 $.
• La empresa no puede pagar las multas de su gente. La ley dice que una multa impuesta a una persona física no puede pagarla, ni directa ni indirectamente, el domestic concern.
• La norma general sobre multas eleva el techo. Según 18 U.S.C. 3571, la multa máxima por un delito grave (felony) es de 250.000 $ para una persona física y de 500.000 $ para una organización, o el doble de la ganancia bruta o el doble de la pérdida bruta derivada del delito, lo que sea mayor.

Ahora también existe el lado de quien pide. La Foreign Extortion Prevention Act, 18 U.S.C. 1352, tipifica como delito que un funcionario extranjero exija o acepte un soborno de un emisor, un domestic concern o una persona en territorio estadounidense en relación con obtener o conservar negocio. La pena es una multa de hasta 250.000 $ o tres veces el valor del soborno, hasta 15 años de prisión, o ambas. Para una pequeña empresa a la que están apretando en el extranjero, esto importa: el funcionario que pide dinero ahora también comete un delito en EE. UU.

Qué cambió en 2025 y 2026

Las prioridades de persecución se movieron más en dieciocho meses que en los veinte años anteriores. La ley en sí siguió igual.

• 10 de febrero de 2025: la Executive Order 14209 (orden ejecutiva presidencial) ordenó al Attorney General, el fiscal general, dejar de abrir nuevas investigaciones FCPA durante 180 días, salvo excepción individual, revisar los casos en curso y dictar nuevas directrices.
• 9 de junio de 2025: el Deputy Attorney General publicó las Guidelines for Investigations and Enforcement of the FCPA. Toda investigación nueva necesita ahora la autorización del jefe de la Criminal Division o de un cargo superior.
• 10 de marzo de 2026: el Department of Justice publicó una Corporate Enforcement and Voluntary Self-Disclosure Policy, una política común a todo el departamento para casos penales sobre persecución de empresas y revelación voluntaria.

Las directrices de junio de 2025 piden a los fiscales que valoren si la conducta está vinculada a cárteles u organizaciones criminales transnacionales, si privó a empresas estadounidenses concretas e identificables de un acceso justo a la competencia, si amenaza la seguridad nacional de EE. UU. en ámbitos como defensa, inteligencia o infraestructuras críticas, y si se trata de una conducta grave. Establecen que la persecución no se centrará en prácticas comerciales rutinarias ni en cortesías comerciales de poco importe y generalmente aceptadas, y que el foco está en sobornos sustanciales, ocultación sofisticada, fraude y obstrucción vinculados a personas concretas. También piden a los fiscales que consideren si una autoridad extranjera quiere y puede perseguir la misma conducta. Las directrices dicen que no se perseguirá a empresas ni personas por su nacionalidad, y una nota a pie observa que los mayores casos FCPA se han dirigido de forma abrumadora contra empresas extranjeras.

La política de marzo de 2026 explica qué se gana autodenunciándose. El departamento renunciará a acusar a una empresa que haya revelado voluntariamente la conducta, haya cooperado plenamente, haya corregido a tiempo y de forma adecuada, y no tenga circunstancias agravantes. Aun así, la empresa paga la restitución de beneficios o el decomiso y la indemnización, y cada renuncia a acusar se hace pública.

Para una empresa pequeña lo leemos así: menos casos, pero ninguna barra libre. Las prioridades cambian con cada administración mientras la ley se queda, las directrices dejan expresamente margen de discrecionalidad a los fiscales, y un competidor que perdió un concurso frente a ti es exactamente el tipo de víctima estadounidense identificable que describen las nuevas directrices.

Soborno en casa: funcionarios estadounidenses y contratos federales

La FCPA trata de funcionarios extranjeros. El trato con funcionarios estadounidenses lo regulan otras leyes, y son estrictas.

El soborno federal según 18 U.S.C. 201(b), es decir, dar u ofrecer de forma corrupta algo de valor a un servidor público para influir en un acto oficial, conlleva hasta 15 años de prisión y una multa de hasta tres veces el valor del soborno, y el infractor puede quedar inhabilitado para ocupar cargos federales. El delito separado de gratificación de la sección 201(c), dar algo de valor por un acto oficial o a causa de él aunque no haya trato previo, conlleva hasta dos años.

En el día a día, los empleados del poder ejecutivo trabajan bajo las normas federales sobre regalos. La excepción básica permite a un empleado aceptar regalos no solicitados de 20 $ o menos por fuente y ocasión, con un tope de 50 $ de una misma fuente por año natural, y nunca dinero en efectivo ni participaciones de inversión. Si tu empresa corteja a agencias federales, una invitación a comer ya puede chocar con ese límite, y la carga recae en el funcionario, que normalmente dirá que no. Nuestra guía sobre contratos federales y certificaciones para pequeñas empresas explica cómo funciona venderle al gobierno.

Los funcionarios estatales y locales se rigen por la ley de cada estado, que varía. Antes de invitar a alguien que cobre de dinero público, pregunta qué permiten sus propias normas.

Un programa de cumplimiento a la medida de una empresa pequeña

Las grandes empresas gastan millones en cumplimiento. Una pequeña necesita una lista corta de controles que se apliquen de verdad. Estos son los que recomendamos:

1. Una política de una página. Ningún soborno, ningún pago de facilitación, regalos e invitaciones solo si son modestos, se registran y son legales donde está quien los recibe. Firmada por cada empleado y cada agente.
2. Conoce a tus intermediarios. Antes de nombrar a un agente, consultor o distribuidor en un país de alto riesgo, averigua quién es su dueño, si tiene vínculos con funcionarios y por qué cobra lo que cobra. Deja los motivos por escrito.
3. Cláusulas contractuales. Todo contrato de agencia debería incluir una cláusula anticorrupción, un derecho de auditoría y un derecho de resolución si se incumple esa cláusula.
4. Paga contra factura, a cuentas a nombre del agente y en su país. Los pagos a terceros, a cuentas offshore o en efectivo son la señal de alarma clásica.
5. Contabiliza cada gasto con veracidad. Llevar libros exactos es una obligación legal para los emisores según las disposiciones contables de la FCPA, y para todos los demás es lo que te permite demostrar que un pago era legítimo. Nuestra página sobre contabilidad de una LLC estadounidense describe cómo son unos buenos registros.
6. Un canal para plantear dudas. Para una empresa de diez personas basta con una dirección de correo que llegue directamente al dueño. Lo importante es que la gente lo use y no se la castigue por ello.
7. Actúa cuando surja algo. Según la política de marzo de 2026, la revelación voluntaria, la cooperación y la corrección son el camino hacia la renuncia a acusar. Ese camino solo está abierto a la empresa que detecta los problemas por sí misma.

Nada de esto sustituye al asesoramiento sobre un caso concreto. Si ya se ha hecho o se ha exigido un pago, para, conserva los registros y busca asesoramiento jurídico antes de que nadie hable con las autoridades o con la otra parte.

Donde el riesgo de corrupción se cruza con la entrada en el mercado

La mayoría de nuestros clientes venden en el mercado estadounidense, y su exposición a la corrupción dentro del país es baja. EE. UU. tiene sus problemas, pero una pequeña empresa no paga a nadie para registrar una sociedad, obtener un número fiscal o despachar un envío en aduanas. El riesgo crece cuando la empresa estadounidense se convierte en el centro del grupo para vender en Latinoamérica, Oriente Medio o Asia, o cuando licita contratos públicos en el propio país.

Ese es el momento de implantar los controles de arriba y de pensar qué sociedad firma cada contrato. Nuestra página sobre la seguridad jurídica en EE. UU. explica por qué el sistema estadounidense premia a las empresas que documentan sus decisiones, y el resumen sobre la revisión del CFIUS trata la otra norma de seguridad nacional que un inversor extranjero debe conocer antes de entrar en un sector sensible.